Presentación
Perla Gómez Gallardo*
La situación actual de los derechos humanos en México exige que se construya una cultura de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos para todas y todos los mexicanos; así como para todas las personas que en el contexto de procesos de movilidad, transitan por el territorio nacional. Para ello es preciso erradicar situaciones en donde se presenten violaciones a derechos humanos como son los casos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y discriminación en cualquiera de sus formas, por mencionar algunos ejemplos.
Lo anterior implica, en primer lugar, la responsabilidad estatal en la plena garantía de los derechos humanos, pero también un compromiso por parte de la sociedad en su conjunto y especialmente de la academia y las instituciones que, como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), buscan fortalecer al Estado mediante estrategias integrales de prevención, educación, promoción y defensa; así como de señalamientos y recomendaciones sobre las violaciones a derechos humanos que cometan las autoridades, y el puntual seguimiento a su cumplimiento. Esto con la finalidad de que exista una reparación del daño para las víctimas y/o sus familiares a través de medidas de restitución, indemnización y rehabilitación, según sea el caso; y por supuesto, con la adopción de medidas que garanticen la no repetición de los hechos.
La CDHDF, atenta a los temas que preocupan a la sociedad en el campo de los derechos humanos, orienta su quehacer siempre en favor de la inclusión y del pleno ejercicio del derecho de todas y todos a tener una vida digna. De conformidad con sus atribuciones, este organismo público autónomo, a través de su Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, impulsa y fomenta el estudio y la investigación especializada a partir de la generación de conocimientos científicos que propicien la exigibilidad de los derechos humanos, y también permitan fortalecer el trabajo de defensa y protección de los derechos de los sectores de la población que enfrentan especiales dificultades para ejercerlos, tales como las personas indígenas; mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas en situación de calle; periodistas y personas defensoras de derechos humanos; personas migrantes; personas adultas mayores, y personas con discapacidad, entre otros.
En este sentido, en el octavo número de la revista electrónica Métodhos se presentan cuatro artículos que en conjunto versan sobre la construcción de los sujetos de derecho y los sistemas de protección de derechos humanos. En el primero de ellos, titulado “Hacia una conceptualización de las infancias en México”, la autora aborda los derechos de las y los niños, precisando que este concepto apareció como resultado de contextos específicos de las sociedades occidentales y que no se debe olvidar la diversidad de entornos culturales y sociales en los que muchas niñas y niños se desarrollan. A través de este análisis se revisa la historicidad del concepto de infancia y se advierte el vínculo que debe ser construido con las categorías nativas para lograr el cabal ejercicio de los derechos de las niñas y los niños indígenas, en específico aquellos que viven con discapacidad.
El segundo artículo aborda el análisis de los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales y sobre todo su justiciabilidad continúan siendo tardíos. En el texto “La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales”, la autora recuerda que estos derechos se encuentran ya contemplados en diferentes órdenes jurídicos nacionales e internacionales. Sin embargo, en la mayoría de los casos han sido exigidos al Estado mediante imparables luchas sociales, pues se trata de derechos que satisfacen las necesidades básicas de las personas, como son los derechos a la salud, a la vivienda, a un nivel de vida adecuado, al agua e incluso a un medio ambiente sano.
En el tercer artículo, el autor analiza un tema trascendental presentado ante el sistema interamericano de derechos humanos, a través de la solicitud de Opinión Consultiva que hiciera el Estado de Panamá el pasado 28 de abril de 2014, en la cual se busca un pronunciamiento formal interpretativo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la titularidad o no de los derechos humanos de las personas jurídicas en relación con determinados derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El texto lleva por título “¿Son las personas jurídicas titulares de derechos humanos?: observaciones ante la solicitud de Opinión Consultiva presentada por el Estado de Panamá; y ahí el autor brinda algunas directrices y bases doctrinarias y jurisprudenciales que colaboran con esta solicitud, proponiendo lineamientos claves como la concepción real de persona jurídica, el análisis de derechos y la identificación de elementos fundamentales al referirse a las personas jurídicas.
La sección de artículos de investigación se cierra con un texto en donde su autor señala que, entre diversos factores, la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 en México fue resultado de las crecientes presiones de la sociedad civil y de la alta visibilidad de las violaciones a los derechos humanos en este país causadas en particular por la estrategia de seguridad pública implementada durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón; pero, sobre todo, por la valiosa intervención de organismos, comités y relatorías internacionales que actuaron con fuerte escrutinio mediante enjuiciamientos del sistema internacional y del sistema interamericano de derechos humanos. El artículo se titula “La influencia del sistema internacional y la reforma constitucional en derechos humanos en México”.
Finalmente, este número se enriquece con el ensayo “La perspectiva de género, clave en la documentación e investigación de violaciones a derechos humanos”, en el cual su autora plantea que aun cuando en México se cuenta con un marco jurídico que obliga y promueve los derechos humanos de las mujeres, todavía no existe una correspondencia con el ejercicio real de sus derechos humanos. Los esfuerzos deben concentrarse en la implementación de dicho marco jurídico, retomando como herramienta de exigibilidad los avances normativos que se han logrado con el fin de realizar un trabajo que incorpore la perspectiva de género y que tome en consideración desde un inicio el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos en mujeres y hombres.
La revista Métodhos está avanzando en un proceso de fortalecimiento académico y de investigación acorde con los mejores estándares en la materia, para ello consolida su Comité Editorial, implementa nuevas estrategias para su difusión y reformula su política editorial con miras a posicionarse como un referente importante entre las revistas de investigación aplicada en derechos humanos.
Agradecemos a las y los autores el esfuerzo y la dedicación puestos en cada uno de los textos que conforman este número de Métodhos. A través de sus aportes se provee una herramienta útil para el estudio y la investigación aplicada de los derechos humanos, ya que constituirán un referente para las y los lectores de esta revista electrónica.
* Maestra en Docencia e Investigación Jurídica y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Recibió mención honorífica en ambos niveles de posgrado y la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario. El Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) la reconoce con el nivel I. Ha fungido como profesora-investigadora titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa; y es maestra por oposición de la asignatura Derecho a la información en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene publicaciones en temas de filosofía del derecho, epistemología, ética, derecho a la información, transparencia y libertad de expresión. Actualmente es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.